Si tienes una tarjeta revolving, o estás pensando en contratar cualquier tipo de financiación rápida, esto te afecta directamente. El Gobierno aprobó en enero de 2026 el Anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo, una norma que por primera vez establece topes legales a los intereses que pueden cobrar las entidades financieras en productos como tarjetas revolving, préstamos rápidos online y microcréditos.
La medida más llamativa es la fijación de un límite transitorio del 22% de TAE para las tarjetas revolving. Esto significa que, una vez entre en vigor la ley, ninguna tarjeta revolving podrá aplicar un interés superior a esa cifra. Y no solo para las nuevas: según el Ministerio de Economía, uno de cada cuatro créditos de tarjetas revolving ya existentes tendrá que revisarse a la baja. Si la tuya tiene una TAE por encima del 22%, tu entidad deberá ajustarla.
En un contexto en el que el crédito al consumo en España alcanzó los 114.673 millones de euros en noviembre de 2025 —con un crecimiento interanual del 10,5%—, la regulación llega en un momento crítico. Los hogares españoles recurren cada vez más a la financiación, y el Gobierno quiere asegurarse de que no lo hagan en condiciones abusivas.
Microcréditos: se acabaron las TAE de cuatro dígitos
La nueva ley también pone coto a los créditos de alto coste, esos préstamos rápidos de pequeño importe que se conceden en minutos por internet y que hasta ahora podían aplicar TAE desorbitadas, en algunos casos de cuatro dígitos. El Gobierno ha puesto números concretos: interés máximo del 4% mensual, comisión máxima del 5% (con tope de 30 euros) y un mínimo de 3 cuotas mensuales para devolver el préstamo.
Para ponerlo en perspectiva: el microcrédito medio en España es de unos 300 euros a 30 días, y actualmente el consumidor acaba pagando 103 euros en intereses y comisiones. Con la nueva normativa, ese coste bajaría a un máximo de 40 euros si se contrata a tres meses. Si el consumidor opta por la amortización anticipada, el coste no pasaría de 20 euros.
Además, la ley exige que todos los prestamistas de crédito al consumo estén autorizados y supervisados por el Banco de España. Los contratos firmados con operadores no autorizados serán directamente nulos. Esto deja fuera a un buen número de plataformas de crédito rápido que hasta ahora operaban en una zona gris sin vigilancia efectiva.
Más transparencia y protección para el consumidor
La norma introduce también nuevas obligaciones de transparencia. Los prestamistas tendrán que facilitar toda la información precontractual relevante con al menos 24 horas de antelación a la contratación. Se prohíbe destacar la rapidez o facilidad del crédito por encima de su coste real en los anuncios. Y, por primera vez, se regulan los llamados «dark patterns», esas técnicas de diseño web que manipulan al usuario para que contrate sin pensarlo bien.
También se regula el sistema «compra ahora, paga después» (buy now, pay later), cada vez más extendido en el comercio electrónico, especialmente entre el público joven. Estas plataformas de pago fraccionado quedarán sujetas a las mismas reglas que el resto de créditos al consumo.
El anteproyecto está actualmente en tramitación, pero el mensaje es claro: el crédito al consumo en España va a cambiar de forma sustancial. Si tienes una tarjeta revolving con intereses elevados, es buen momento para revisar tus condiciones y valorar si te compensa seguir con ella.
